TENEMOS DERECHO DE EXIGIR, PERO TAMBIÉN EL DEBER DE CUIDAR

 EDITORIAL

El mal estado de las unidades de transporte es evidente; incontables son las causas de la pobre infraestructura de las rutas y entre ellas destaca el daño que los propios pasajeros crean con el maltrato y mal uso de los vehículos de servicio público, algo que irónicamente, les genera disconformidad. La lista de daños y perjuicios inicia con rayones, sillas deterioradas, golpes en las puertas, ventanas rotas, agujeros en el piso y termina con un largo etcétera.  

El mismo deterioro ha sembrado la inseguridad de los nicaragüenses, ya que el estado de la mayoría de unidades de transporte ha ocasionado situaciones de riesgo y accidentes que exponen a los ciudadanos todos los días mientras se transportan en las unidades. Los usuarios también se ven afectados negativamente por una sobrecarga de personas que excede el límite de capacidad de los buses, el cual es alrededor de 80 pasajeros, este margen es comúnmente ignorado por los conductores y se ha convertido en una mala costumbre que los viajeros toleran.

Ahora bien, existe una obvia falta de mantenimiento en las rutas, misma que provoca una escasez de unidades de transporte, pues pareciera que no vale la pena invertir en reparaciones efímeras que luego los pobladores se dedicarán a revertir con nuevos daños; cuando toca reemplazar las unidades, las nuevas se dañan igual de rápido, algo que pudimos ver hace 6 meses atrás cuando ingresó al país una flotilla de buses nuevos que actualmente se encuentran en condiciones físicas deplorables. 

Cabe recalcar, que las cooperativas de buses tampoco demuestran interés, ya que utilizan métodos cuestionables para reparar las fallas de las unidades, algo que no garantiza calidad y mucho menos seguridad. Los encargados de las rutas y los conductores también merecen ser corregidos, pero no parece existir solución.  

 

La ley 431 o ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito no cumple su función de proteger el transporte público, puesto que no existen sanciones tangibles ni aplicaciones de la ley que dejen en claro su función o un compromiso por parte de la Asamblea Nacional en detener esta clase de actos; en una Nicaragua utópica, existirían leyes de cuido y regulación que sentenciarían a los destructores de las unidades de transporte, tal parece que solo con correcciones estrictas se puede mejorar el mal comportamiento y falta de educación en los ciudadanos que culturalmente saben destruir, pero no cuidar.

La falta de valores e interés por parte de los nicaragüenses demuestra que, pese a ser ellos quienes se benefician del transporte público, continúan dañándolo con cero tolerancias y mucho afán, es ilógico pensar que los mismos perpetradores sean los que luego se quejen del mal estado de las rutas, porque la mayoría en el fondo ven esta problemática como algo irreparable y eso mágicamente justifica las acciones destructivas. La realidad permisiva de nuestro país, hace que problemáticas como estas, actualmente no tengan solución. Pues solo se puede generar un cambio a través de la disposición de cada individuo en cuidar de lo que depende, quejarse menos y aportar más, exigir, pero también cuidar. 

Elaborado por

Anthony Linarte 

Ana Orozco 

Génesis Ampié 

Amaru Solís 

Ruth Parrales

María Esmeralda Sánchez

María Elena Sánchez 

Harold Joel Roa